Estas últimas dos semanas hemos visto un caso atroz de violencia rural contra cuatro policías. Los policías estaban investigando el problema de narcotráfico y contrabando que se ha vuelto normal en la zona de Uncía del departamento de Potosí. La comunidad, y en particular las personas responsables o señaladas como responsables de la muerte de los policías alegan que ellos creían estar lidiando con ladrones que resultaron ser policías encubiertos. Desde la noticia de las muertes el gobierno nacional y las familias de los fallecidos entablaron una negociación con los comunarios para dar con el paradero de los restos de los efectivos policiales. La negociación exigida por los comunarios tenia por fin lograr que el estado declarara la zona libre para el contrabando.
Toda esta noticia y sus detalles son sorprendentemente ejemplares de la situación extrema a la que ha llegado nuestro país o en la que tal vez, está hace muchos años.
Lo que resulta más evidente y que ha trastornado a la población en general es el exceso de violencia pero lamentablemente se trata de uno de muchos casos registrados diariamente en nuestro país y esto sin pensar en los no registrados. La violencia en áreas urbanas alejadas o bien en áreas rurales es pan de cada día en los noticieros bolivianos. Lo es también el enterarse de comunidades y pueblos enteros que se niegan a aceptar la sola presencia de la policía nacional como es el caso del pueblo Achacachi en las cercanías de La Paz.
La brutalidad del hecho excede lo que cualquier ciudadano quiere ver en su vida. Lo peor es que tras haberse reportado los cuatro fallecimientos hace más de una semana, el resultado de las autopsias realizadas hace tan sólo dos días en Oruro da indicios de muertes mucho más recientes, de hace cinco días aproximadamente. Entonces, ¿Qué paso? ¿Es que los responsables al ver el poco éxito de su negociación decidieron proceder con lo anunciado hacía días? ¿Es posible que nos enfrentemos ante un caso de tal frialdad? Aún cuando la sola aprensión, castigo y finalmente muerte otorgados a estos policías es ya un evidente síntoma de la escalada de violencia en Bolivia, la posibilidad de que éstos se hayan dado de la manera que las autopsias sugieren es mucho peor.
Es necesario repensar la opción de la justicia comunitaria, no en el sentido de censurarla por no pertenecer al modelo europeo occidental de justicia, sino porque no parece respetar sus propias reglas. ¿Cuáles son estas reglas? La constitución no lo plantea, no existen códigos ni procedimientos accesibles al público como para que tenga conciencia del sistema al que puede o no acogerse un crimen. El problema estriba en que ante la ausencia de lineamientos cualquier planteamiento puede ser sostenido como verdadero, legítimo, tradicional. Esto implica que cualquier pena puede aplicarse a cualquier caso y nuevas penas a nuevos casos. La culpabilidad se presume antes que la inocencia y aunque no sea así en la justicia comunitaria tradicional idealista de la que nos hablaron al proponerla en la nueva constitución, definitivamente es la presunción cotidiana de bloqueadores, comunarios y ciudadanos que a diario la ejercen en nuestro territorio.
Por el otro lado, por supuesto que debemos sospechar de las actividades policiales tanto en áreas alejadas y poco comunicadas de Bolivia con en el centro de las urbes. A pesar de que la dirección de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) presume estar presente en todo el país, la realidad es muy diferente y varía sustancialmente de región en región. Es triste pero debemos afrontar que nuestra policía es un órgano débil y corruptible y no es de extrañarse si tomamos en cuenta, como lo publicaran diferentes medios de prensa durante el 2009, que la Policía Nacional recibe para la alimentación de sus efectivos la misa suma para alimentación que el penal de San Pedro. La denuncia no va sólo a que los policías están definitivamente mal alimentados para las tareas que se les exige, sino que los reos también. Entonces, que no nos resulte difícil entender por qué a ambos lados de la cerca los grupos humanos se ven obligados a buscar nuevas y diferentes fuentes de ingreso. ¿Realmente podemos culparlos? ¿Podemos exigirles lealtad a la ley, al estado y la sociedad que los maltrata?
Finalmente hay que mencionar el tema de la negociación entre comunidad y estado. La situación parece absurda. En Colombia ningún tipo de negociación de esta naturaleza se habría desarrollado, el gobierno de Uribe ha estipulado no negociar con grupos insurgentes que toman la violencia como forma de imposición de su política. Pues aquí si se negocia, se negocia todo de hecho, hasta se intenta negociar la ley al intentar crear una zona libre para el contrabando entre los departamentos de Oruro y Potosí. El absurdo se ve por todos lados, sin embargo lo que no es absurdo y subyace al problema es que se trata de una comunidad luchando por ser escuchada y dispuesta a negociar principios que no comparte con tal de tener un mejor pasar. ¿Deben ser complacidos? Ciertamente no, al menos, no de esa manera, no después de haber asesinado a cuatro hombres que, incluso en el caso de haber sido criminales, no habrían sido condenados a la inexistente pena de muerte ni en la justicia ordinaria ni en la comunitaria.
Ante este caso nos vemos sorprendiéndonos ante la presencia, o falta de, del estado en las zonas conflictivas del país donde es más común encontrarse con una o varias iglesias cristianas y con algún medio de comunicación antes que con un representante del gobierno correspondiente. La policía hace lo que quiere, el estado negocia lo que puede, el pueblo pide lo que necesita sin miramientos de principios (el hambre se impone) y al final todo lo que tenemos es una noticia más de violencia y falta de gobierno en Bolivia. Lo cierto es que ni este ni los anteriores gobiernos tuvieron presencia en el área rural, ni siquiera en las áreas alejadas de las urbes donde se lee por doquier persona extraña será linchada.
Lucía Querejazu E.
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